Opinión. Antonio López Alonso, Director de Sindicalistas sin Fronteras ISCOD UGT
El punto de partida que marcó la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) con el actual proceso participativo para diseñar la nueva Estrategia de Educación para el Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía Global (EpDCG) de la Cooperación Española, llega en un momento decisivo. No solo porque se estructura de una lógica de participación, sino porque parte del aprendizaje colectivo de casi 20 años de una Estrategia que tiene que actualizarse para dar respuesta a nuevos y viejos retos sociales en materia de igualdad de género, derechos humanos, cuidado del planeta y, en nuestra opinión, también de defensa de la democracia.
El momento que atravesamos es de una convulsión sin precedentes donde ya no sirve aplicar lógicas sectoriales y aisladas a crisis que están profundamente interconectadas. Menos aún cuando la desinformación, la polarización social, el incremento de los discursos de odio y la concentración del poder económico, político, tecnológico y mediático están erosionando consensos que pensábamos que estaban garantizados.
Tanto es así que una cuestión tan básica como los derechos humanos están siendo sujeto de cuestionamiento en diferentes lugares del mundo. En algunos casos, inclusive, se presentan como un problema u obstáculo del desarrollo, y no como una condición necesaria para conseguirlo.
La propia Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados Galiano, reflexionaba sobre la necesidad de plantearnos preguntas más profundas en este contexto, y no limitarnos a definir qué ciudadanía queremos construir, sino qué democracia queremos sostener.
De acuerdo con los datos del Índice de Democracia de The Economist, actualmente en el mundo existen 46 democracias débiles y 36 regímenes en los que, a pesar de celebrar elecciones, se debilita la separación de poderes, se restringen las libertades civiles, se erosiona el estado de derecho, se reduce la libertad de prensa o se discrimina sistemáticamente a los grupos vulnerables o minorías.
Todo ello ocurre además en un momento en el que se está produciendo una concentración de poder económico, tecnológico y mediático en muy pocas manos, que controlan los algoritmos, el acceso a la información y, en definitiva, la democracia.
La Confederación Sindical Internacional (CSI), de la que UGT es miembro fundador, ha advertido de que esa concentración es una amenaza para la democracia y de que la inteligencia artificial y los algoritmos sin control en redes sociales puede reforzarla contribuyendo a la desinformación.
Ese discurso funciona dividiendo a trabajadores contra migrantes, jóvenes contra mayores, inquilinos contra propietarios. Y funciona porque a mucha gente nadie le ofrece otra manera de entender su situación, recurriendo al populismo de la respuesta fácil, al insulto malsonante como forma de explicar problemáticas complejas, o a la simplificación extrema y titulares sin contenidos en un contexto de scroll infinito y tiempo ilimitado de pantallas.
La conclusión a la que nos lleva todo esto es que no es un contexto fácil ni propicio para construir una ciudadanía global.
Durante la jornada de diálogo que organizó la AECID, defendimos una idea sencilla a la vez que rotunda: la ciudadanía no se enseña, se ejerce. Además, no se puede ni debe limitar a conocer los problemas del mundo, sino que se tiene que apuntalar en el hecho de que las personas actúen colectivamente y de forma organizada para transformarlo. En el mundo sindical, entendemos que los derechos no son un regalo, sino que son el fruto de mucho trabajo colectivo y organizado para conseguir su reconocimiento.
Los derechos laborales, la negociación colectiva, la protección social, la igualdad de trato, la lucha contra la discriminación o la propia democracia han sido el resultado de generaciones de organización colectiva. Han sido conquistas sociales construidas desde abajo y, precisamente por ello, pueden desaparecer cuando dejan de defenderse.
Es por esta razón que defendemos que la Educación para la Transformación Social no puede limitarse a transmitir conocimientos o promover actitudes responsables. Necesita ayudar a comprender cómo nacen los derechos, cómo se sostienen y qué papel desempeñan las organizaciones sociales en su defensa.
El trabajo, un espacio natural para el ejercicio de ciudadanía
Existe un lugar donde millones de personas experimentan cada día los efectos de la globalización. Ese lugar es el centro de trabajo. Las cadenas globales de suministro, la digitalización, los algoritmos que organizan el empleo, la precariedad, la movilidad humana o la crisis de los cuidados no son conceptos abstractos para millones de trabajadores y trabajadoras, sino que forman parte de sus experiencias cotidianas.
Hace unos años, compartíamos esta reflexión con unos compañeros en el marco de una reunión con trabajadores de plataformas digitales organizada por UGT. Uno de ellos manifestaba cómo la organización del trabajo estaba sometido a un jefe invisible que tenía por nombre algoritmo. Sin saber cómo y de forma arbitraria, éste decidía cuánto cobraba, quién recibía pedidos, quién podía trabajar y quién no.
Todo ello sumado a los efectos que la economía de plataformas tiene, como nuevo modelo extractivo, en la desigualdad en las cotizaciones a la seguridad social, la protección social, la renta disponible para las personas que trabajan en estas plataformas o su impacto en la capacidad redistributiva en un estado de bienestar.
Esta historia, aparentemente pequeña, fue sin embargo el germen de un acto de organización colectiva. Una situación individual que se convirtió en una reivindicación compartida y, en consecuencia, en una discusión global sobre derechos laborales en la economía digital que trasladó al mayor espacio de diálogo tripartito a nivel global dicha problemática y consiguió que, tras duros procesos de negociación, se adoptara el Convenio 193 de la OIT en 2026.
Ejemplos como este existen miles, y son la prueba más fiel de que la ciudadanía es algo más que un concepto aprendido o un objetivo de desarrollo sostenible memorizado. Se trata de la comprensión profunda de que los problemas tienen causas colectivas y que, por tanto, se tienen que afrontar colectivamente.
Sin embargo, el mundo laboral sigue ocupando un lugar marginal en muchos enfoques educativos vinculados a la ciudadanía global o en las estrategias que, en torno a ello, se plantean. Esta contradicción parece olvidar que los centros de trabajo son uno de los principales espacios donde las personas aprenden a deliberar, negociar, construir acuerdos y defender intereses colectivos.
Son espacios donde se ejerce la ciudadanía y, en definitiva, se practica la democracia todos los días. Si la nueva Estrategia de Educación para la Transformación Social quiere fortalecer una ciudadanía activa, no puede dejar fuera el ámbito laboral ni el papel que desempeñamos las organizaciones sindicales como escuelas de participación democrática.
Frente al odio, la experiencia de lo común
Los discursos reaccionarios tienen éxito cuando consiguen convencer a las personas de que sus problemas tienen un culpable cercano y débil. Las noticias, las redes sociales y los discursos en algunos responsables políticos nos muestran a las personas migrantes, los derechos de las mujeres, las personas jóvenes organizadas, las y los vecinos, los colectivos diversos, los sindicatos, o las personas que tienen creencias o cultos distintos como los culpables.
Nuestra experiencia, en cambio, nos muestra una realidad que es totalmente distinta. Las personas que trabajan organizadas en torno a intereses comunes, sin distingo de su edad, origen, cultura, sexo, identidad, o creencias, son las que mejores respuestas suelen dar a problemas de gran calado.
No podemos olvidar imágenes de solidaridad que invadieron las calles, por ejemplo, en el contexto de la DANA en Valencia y después de esta. Las personas que hicieron voluntariado durante la pandemia para acompañar a las personas que tenían mayores dificultades durante el confinamiento y la pandemia de la COVID-19.
O las recientes movilizaciones motivadas por la indignación provocada por el desahucio de una mujer octogenaria de su vivienda, y el clamor social que despertó la necesidad de defender un derecho fundamental como es el derecho a una vivienda como condición material para una vida digna y la consecuente convocatoria de una huelga general para reivindicarla.
Acciones que son colectivas, que son organizadas y que pasan por entenderse como parte de un todo, de un común y de defender derechos compartidos como fundamentales.
En cooperación internacional, esto es especialmente relevante porque no se trata solamente de plantear problemas que afectan a nuestro entorno más cercano, sino que son parte de un todo aún más amplio, si cabe. La primera vez que escuché hablar del Convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales, no fue en una universidad ni en un seminario internacional: fue en una conversación con unas personas para quienes aquel convenio era la diferencia entre poder decidir sobre su territorio o que otros decidieran por ellas.
Dos líderes indígenas de la Amazonía peruana nos narraban una problemática que viven a diario en un lugar tan alejado de la civilización, tal como la conocemos en el mundo occidental, que llegar hasta ahí les suponía casi un día entero de viaje en canoa, autobús, motocicleta, y a pie.
Allí, las horas no se miden en minutos. Se miden en la posibilidad de salir de tu territorio sin que te amenacen, en poder acudir a las autoridades y cursar una denuncia por una violación a tus derechos humanos, o trasladar hasta un espacio jurídicamente vinculante la realidad a la que se enfrentan, aún hoy, de despojo de sus tierras y ultraje a sus territorios. Territorios que son más que un lugar donde vivir. Son sus costumbres, formas de vida ancestrales y de entender la vida, la naturaleza y su obligación con respecto a ella.
Recuerdo pensar que aquella conversación que mantuvimos desmontaba una de las ideas más repetidas sobre la educación para la ciudadanía, ya que ninguna de aquellas personas necesitaba que alguien les explicara qué era la participación. La practicaban.
No necesitaban que alguien les hablara de derechos, pues llevaban años defendiéndolos frente a la barbarie de las acciones de empresas cuyas prácticas les perjudican. Lo que necesitaban eran aliados, espacios de organización y mecanismos democráticos que obligaran a quienes tenían el poder a escuchar.
Aquella experiencia me enseñó algo que sigo creyendo hoy, y es que la ciudadanía se aprende ejerciéndola desde y para lo común.
El Convenio 169 no representaba para ellos solamente un texto jurídico. Hablaban de él como una herramienta para defender un territorio, una lengua, una manera de vivir y el derecho a ser escuchados cuando otros decidían sobre sus vidas.
Educar para defender la democracia: propuestas sindicales para una nueva estrategia de EpTS
Recientemente, el expresidente del Parlamento Europeo y actual Presidente de la Fundación Friedrich Ebert, Martin Schulz advertía en el acto conmemorativo de su 50 aniversario en España, que la democracia está bajo una presión creciente. No hablaba de una abstracción, sino de una amenaza continua que cercena a las instituciones y al sistema democrático en sí mismo. Hablaba del cuestionamiento de los procesos electorales, el control de los medios de comunicación, la reducción de los espacios cívicos y democráticos, el recorte de la capacidad y de los espacios de diálogo social.
Schulz también señalaba que la solidaridad internacional, la cooperación para el desarrollo son más necesarios que nunca no solo para fortalecer el multilateralismo, sino para defender derechos y construir respuestas colectivas frente a problemas que se presentan cada vez más como inevitables. Defender, en definitiva, la democracia.
A menudo, las estrategias de EpTS se limitan a hablar de educar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuya fecha de finalización está cada vez más próxima. Los marcos internacionales cambian a una velocidad vertiginosa, como también ha cambiado el contexto de forma sustancial en los últimos veinte años. De tal manera que limitarnos a educar sobre los ODS impide que veamos lo que es realmente importante en este momento.
Desde nuestra experiencia diaria, es prioritario situar la necesidad de que existan sociedades capaces de defender la democracia, proteger los espacios cívicos y sostener las organizaciones que hacen posible la participación ciudadana como lo central en la nueva Estrategia.
La educación transformadora del futuro no debería limitarse a formar personas informadas. Debería contribuir a construir sociedades organizadas y capaces de responder colectivamente a las desigualdades, afrontar las transiciones ecológica y digital y decidir democráticamente quién asume sus costes y quién recibe sus beneficios.
Quizá el reto de la nueva Estrategia no sea únicamente formar una ciudadanía más informada sobre los problemas globales. Quizá el reto sea mucho más ambicioso: contribuir a que las personas vuelvan a reconocerse como parte de un nosotros.
Porque, en mi opinión, la democracia no empieza en las urnas, ni termina en ellas. Empieza cuando una trabajadora cuestiona una injusticia en su centro de trabajo o cuando una comunidad indígena defiende su territorio. Cuando un grupo de vecinas se organiza para proteger aquello que considera valioso. Cuando entendemos que los derechos que disfrutamos hoy existen porque alguien, antes que nosotros, decidió no resignarse.
El diseño de una nueva Estrategia de EpTS no puede estar aislada de los tiempos que atravesamos y, si queremos que responda de forma adecuada a los desafíos contemporáneos, quizás deba ir un paso más allá y asumir como prioridad algunas de las propuestas que, justamente, la realidad nos interpela a considerar.
La primera, situar la defensa de la democracia, los derechos humanos y los derechos sociales, civiles, políticos y laborales en el centro de la acción educativa. No como un contenido más entre muchos otros, sino como una condición indispensable para que las personas puedan participar, organizarse e influir sobre las decisiones que afectan a sus vidas. Educar para la transformación social es también educar para reconocer las amenazas a la democracia y para defender los espacios cívicos que la hacen posible.
La segunda, reconocer que la ciudadanía también se aprende y se ejerce en el mundo del trabajo. Los centros de trabajo son lugares donde millones de personas experimentan las desigualdades globales, negocian intereses diversos, construyen acuerdos y defienden derechos colectivos. La futura estrategia debería incorporar expresamente el ámbito laboral, el diálogo social y las organizaciones sindicales como espacios legítimos de educación y participación democrática.
Finalmente, apostar decididamente por las alianzas estratégicas, la coordinación entre actores sociales y dotar con los recursos necesarios para sostener la EpTS como tercer pilar de la cooperación española. Ninguna organización, institución o administración puede afrontar por sí sola los desafíos de la polarización, la desinformación o el debilitamiento de los vínculos sociales. La nueva estrategia necesitará una gobernanza compartida, coordinación interinstitucional, trabajo en red entre actores diversos y una financiación suficiente y estable que permita pasar de las declaraciones de intenciones a las transformaciones reales. Consideramos de gran valor que la AECID haya iniciado una apuesta de transformación incorporando una dirección de alianzas orientando y reforzando la acción de la cooperación internacional y la EpTS en este sentido.
En última instancia, la cuestión es si seremos capaces de construir sociedades más democráticas, más solidarias y mejor organizadas para defender los derechos conquistados y ampliar los que todavía están pendientes. Esta tarea, que no empieza en un documento estratégico, sí inicia donde las personas deciden que lo común merece ser defendido.
En un tiempo en el que se nos invita constantemente a competir, desconfiar o encerrarnos en nosotros mismos, educar para la ciudadanía global debería significar precisamente lo contrario. Esto es, aprender a cuidarnos, organizarnos y construir respuestas comunes. En definitiva, defender la democracia entre todas y todos mediante organizaciones sociales que canalicen, garanticen y defiendan la participación ciudadana ante los retos a los que nos somete un sistema cada vez más injusto.
