La ONG colombiana CODHES, en asociación con ISCOD, han organizado el foro “Violencia sexual en el marco del conflicto armado. Un reto para la construcción de la paz territorial”, como el evento de cierre del proyecto financiado por la AECID, “Desarrolladas estrategias de prevención y atención de violencia sexual en el marco del conflicto armado para mujeres víctimas, afrodescendientes, indígenas y NNA en el departamento de Nariño”.
El foro, que tuvo lugar el 13 de septiembre en la sede de la universidad CESMAG en Pasto, ha congregado a organizaciones de víctimas, sociedad civil e instituciones locales con el objetivo de debatir sobre la situación de violencia sexual que se padece en el departamento, exponer la oferta institucional existente y realizar incidencia política sobre las líneas de trabajo necesarias para la garantía y protección de los derechos.
Por parte de CODHES, se presentó un informe sobre violencia sexual y niños, niñas y adolescentes en el departamento de Nariño y en el país, y se realizó un recorrido por la situación general de violencia sexual que se vive, contextualizando ésta en el marco del conflicto armado y presentando las posibilidades de reparación que ofrece el Estado colombiano.
La Mesa de Participación de Víctimas de Pasto realizó una intervención en la que presentó su evaluación de los instrumentos de política pública y su funcionamiento, manifestando su disconformidad con la cobertura en salud y justicia, lo que hace que las víctimas de violencia sexual no estén recibiendo la atención que estipula la ley.
Por parte del Gobierno colombiano, se contó con la presencia de los sectores de salud, a través de la Secretaría Departamental de Salud; justicia, con participación de la Fiscalía de Pasto; protección, con la presencia de la Policía Nacional; y con la Unidad para la Atención a Víctimas, quienes presentaron sus avances en las rutas de atención y prevención.
El foro permitió reunir en un espacio a los sujetos de derechos y obligaciones, y realizar un ejercicio de incidencia política, de cara a establecer mejoras para la garantía y goce efectivo de derechos de las víctimas, a partir de la identificación de las principales carencias en materia de cobertura de las víctimas por parte del Estado.